RESUMEN DE LA REFORMA A LEY DE EXTRANJERIA 2009.

Publicado en por Andrés Poveda Alarcón

 

 

 

REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERIA

 

 

PROYECTO DE REFORMA

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades  de los extranjeros en España y su integración social, modificada por  la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; por la Ley Orgánica  11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley Orgánica 14/2003, de 20  de noviembre.

 

                                                                                 

Aspectos positivos:

 

1. La incorporación plena de los derechos fundamentales para todas personas independientemente de su condición de extranjeros y de su documentación en España.

 

 

2. El proyecto dice que el extranjero en situación irregular que denuncie a quien le han traído al país o, en caso de redes de prostitución, a la red que lo somete, "podrá quedar exento de responsabilidad y no ser expulsado".

 

 

3. Lo relativo al derecho de sufragio y derecho al voto. Abre la puerta a la incorporación de los extranjeros a los derechos de ciudadanía, criticando que este derecho no se extienda a todos los extranjeros que dispongan de estatuto de residencia de larga duración.

 

 

4. La plena incorporación con rango de ley de la normativa comunitaria sobre reagrupación familiar y sobre residentes de larga duración  e investigadores.

 

 

- La equiparación a los efectos de la reagrupación de las uniones libres y pareja de hecho.

 

 - El hecho de que a los extranjeros reagrupados se les expida junto con su residencia, la autorización para trabajar.

 

Si bien habrá de definirse en vía reglamentaria, las condiciones de esa autorización (vigencia, ámbito, condiciones de  renovación, etc.): por que no queda claro si dichas autorizaciones se pueden limitar a ocupaciones concretas y en función de la situación nacional de empleo.

 

- La obligatoriedad de comunicación entre administraciones a fin de prever la incorporación a los centros escolares de niños en proceso de reagrupación.

 

 

5. La plena incorporación del contrato de trabajo del trabajador extranjero y su correspondiente alta en Seguridad Social como clave del sistema de migración laboral (artículo 36.2 y 4).

 

La posibilidad en caso de contrataciones frustradas de trabajadores que ya se han desplazado a territorio español y su empleador no le ha dado de alta en Seguridad Social, de que se le permita la contratación con otra empresa e incluso en otro sector en un plazo concreto.

 

Sanción para el empresario que emplee trabajadores extranjeros en situación de irregularidad, que no de de alta en S.S. o contrate trabajadores con autorizaciones no aptas para el sector o ámbito geográfico. Aunque no se dice nada de la situación administrativa del trabajador.

 

 

6. La aparición del silencio administrativo positivo en el plazo de un mes para las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales para trabajar. (Contemplada en la Disposición Adicional Primera)

 

7. El hecho de elevar a rango de ley la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, así como el procedimiento de determinación de la situación nacional de empleo y elaboración del catálogo (artículo 38)

 

 

Aspectos negativos,

 

La criminalización constante de la condición de inmigrante que inspira el texto. Se parte de la presunción de culpabilidad y se ampara gran parte del régimen sancionador, en conceptos sin definición legal que abren la puerta a actuaciones que pueden conducir a actos arbitrarios y que contribuyen a la construcción social del inmigrante desde la exclusión.

 

 

1. La restricción de la reagrupación familiar respecto a los ascendientes, limitándola para cuando sean mayores de 65 años y sólo cuando el reagrupante – a su vez- disponga de autorización de residencia de larga duración. (Articulo 39) no respeta, entre otros, los principios rectores de la política social, económica y jurídica de la familia reconocidos en el articulo 39 de la Constitución Española.

 

Discrimina a los familiares no comunitarios de españoles, al poner más difícil por vías administrativas la  reagrupación.

 

2. La existencia de conceptos jurídicos indeterminados, Indefinición de detalles  reglamentarios, que genera  dispersión interpretativa:

 

Desde 2004 se espera la regulación de los requisitos económicos para la reagrupación   contenida en  (artículos 39.e) y 42.2.d) REx.

 

La exigencia de estar a cargo del reagrupante” no se ha definido normativamente un módulo cuantitativo (¿cuánto?) o temporal (¿cada cuanto?) que permita descifrar tal exigencia. (Articulo 39, e)

 

El requisito de acreditar “razones que justifiquen la necesidad de autorizar la residencia del reagrupado ascendiente en España, lo cual ha dejado la concreción de dicha reagrupación en manos de la interpretación. (Articulo 39, d)

 

-Ausencia en la concreción frente a lo que se entiende como”medios económicos suficientes” y un “alojamiento adecuado”, indefinición que ha generado discrecionalidad en su interpretación y litigiosidad en su aplicación. (Articulo 39, e)

 

 

3. La aparición del factor “tiempo de residencia legal en España” como elemento modulador para el acceso a determinados derechos de carácter social.

 

- Por ejemplo, el artículo 13 y el  derecho a ayudas en materia de vivienda. Que será efectivo cuando se posea un permiso de larga duración, mientras la ley actual de extranjería garantiza el derecho de acceso al sistema de ayudas públicas de los residentes legales en igual de condiciones.

 

 

4. La ampliación del plazo de internamiento en casos de expulsión en línea con la Directiva de Retorno. De 40 días- se prolonga hasta los 60 días.

 

La modificación planteada en materia de postulación procesal. Para recurrir una orden de expulsión el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez, lo que genera una grave situación de indefensión para los extranjeros que ya hayan sido expulsados o para quienes no tengan contacto con el abogado que les fue asignado.

 

 

5. La pérdida de ciertos derechos laborales del trabajador extranjero en situación irregular. Prestaciones por desempleo y la contradicción que puede suponer percibir una prestación (por ejemplo, una pensión por incapacidad) y permanecer irregular en España:

 

6. (r, 4+) La falta de respuesta para el trabajador llegado a España legalmente  con un contrato de trabajo, el cual decae, y no se prevén compensaciones o abono de gastos por parte del empresario correspondiente.

 

Además de los costes de la repatriación del extranjero por parte del empresario, se debería contemplar, el pago de los daños y perjuicios, así como la previsión expresa de que ese trabajador pueda permanecer en España con posibilidad de buscar otro trabajo en la misma provincia y sector de actividad.

 

7. El contingente anual de contratación se cambia por la “Gestión de Contratación Colectiva en origen”.

 

La definición del concepto de alojamiento en condiciones de dignidad e higiene adecuadas para los trabajadores extranjeros en régimen de temporada en el ámbito agrario.

 

En la determinación de las necesidades laborales desaparece el papel de los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. Todo queda a manos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

 

8. La aplicación de las tasas a las solicitudes en lugar de a las concesiones.

 

 

9. La desaparición del Consejo Superior de Política Migratoria  (organo estatal que agrupa a administraciones centrales, comunidades autónomas y administraciones locales que tienen un papel importante en la determinación y ejecución de la política de inmigración) y se sustitución por la Conferencia Sectorial de Inmigración de la cual nada se dice sobre sus competencias y composición.

           

 

10. No valora la carencia de contratos de trabajo, los periodos exigibles de cotización a la Seguridad Social necesarios para la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo en este tiempo de crisis. Para evitar que extranjeros que ya se encuentran en España - incluso con familias que dependen documentalmente de ellos-  puedan caer en la irregularidad.

 

11. La modificación considerará infracción grave, el hecho de sostener económicamente a un extranjero en situación irregular, e introduce como delito el empadronamiento de inmigrantes en un domicilio donde no viven.

 

 

12. La nueva posibilidad de que el reglamento exija la consideración de la situación nacional de empleo en las autorizaciones por circunstancias excepcionales (Arraigo)

 

Arraigo laboral. En la propuesta de ley, también en la directiva europea aprobada recientemente se elimina esta posibilidad, y es sustituida por un permiso temporal que termina cuando el trabajador haya cobrado los meses correspondientes y los derechos generados; el trabajador debe salir del país y es el empresario el que debe cubrir con los gastos de viaje.

 

13. Las restricciones geográficas y funcionales de la autorización para trabajar por cuenta propia, que parecen oponerse a toda lógica empresarial y perjudicar la viabilidad de los proyectos.

 

14. Desaparecen las entidades no gubernamentales (ONG) como componentes del Foro Social para la Integración (que es órgano de participación a nivel estatal)

 

15. Desoye del mandato del Tribunal Constitucional, que reconoció el derecho de los inmigrantes en situación administrativa irregular a la educación no obligatoria; requiriendo nuevamente la residencia para los mayores de 18 en el acceso a la enseñanza no obligatoria.

 

16. En cuanto a los menores inmigrantes no acompañados, se vulnera el derecho del menor a que se observe primero su interés superior. Solo se tendrá en cuenta el interés superior del menor a los efectos de la repatriación, por lo que la inconstitucionalidad es muy grave; solo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, obviando las repatriaciones, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

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