La situación de los inmigrantes en España en el 2009

Publicado en por Voces Disidentes Contra Discursos Hegemonicos

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El fenómeno de la inmigración se evidencio con notoriedad en los últimos años en España, entre otros, gracias al desarrollo económico que auspicio la contratación de trabajadores inmigrantes en el sector terciario, la construcción y los servicios domésticos. España que en una época atrás fue un país con población emigrante se convirtió en un país receptor de trabajadores y residentes de todas partes del mundo.

La población extranjera en España dados las características de contratación antes mencionadas y el empleo regular e irregular aumento considerablemente. Según datos publicados en la página Web del Ministerio del Interior, los extranjeros residentes en España con tarjetas de residencia en vigor, eran en 1995 medio millón de personas. En 2001 eran más del doble, 1.1 millones. En marzo de 2008, más de 4 millones. Aproximadamente un 10% del total de la población residente en España que accedieron a sus autorizaciones de residencia y trabajo por la contratación en origen, el Arraigo y las regulaciones de los años 2001 y 2005 .

En las islas Baleares, en 1996 había 30.709 extranjeros con permiso de residencia y en diciembre de 2007 han pasado a ser 166.936, lo que significa un crecimiento neto del 543,6%. La media de edad es de 35.6 años y el 47.9% de los inmigrantes son mujeres. El numero de tarjetas sanitarias sobre pasa los 200.000 y la afiliación a la seguridad se estima en un 69.9% en el régimen general, un 19.6% en el de los autónomos, un 8.7% en hogar, un 1.6% en agrario y el 0,1% en mar .

Por país de procedencia el 48% de los inmigrantes que viven en las islas proviene de la unión Europea (comunitarios); De los cuales, el 22.7% son alemanes, el 18.6% del Reino unido, el 13.6% Italianos, 10.7% Rumanos y el 8.8% búlgaros (el 25% a otros países). Un 27% es de origen Iberoamericana, Concentrados en cinco nacionalidades, ecuatorianos con un 32.2%, colombianos con un 20.5%. Argentinos con un 17.5%, y Uruguayos con un 6.2%. La población africana representa por su parte el 18.5% de la población, siendo el colectivo Marroquí el mas representativo con un 75% y el mas numeroso de todas las nacionalidades. La población de origen asiático, chinos y filipinos suponen un 4.2%

De la población anterior Mallorca concentra aproximadamente el 77%; Ibiza y Formentera el 15% y Menorca el 8%. Si bien estas cifras reflejan la población con una autorización de trabajo y residencia no tiene en cuenta el grueso de la población que trabaja sin una autorización para hacerlo.

La distribución de la población inmigrante por barridas en Palma de Mallorca a 1 de Enero de 2008 se concentra en primer lugar en Pere Garau con 8.583 personas, en segundo lugar en Bons aires con 4.649; en tercer lugar en Foners con 4.206 y por ultimo en Son Gotleu con 3.629. No obstante el barrio con más población inmigrante es Cala Major donde casi 1 de cada dos personas es extranjero .

Ante este nuevo panorama dos tipos de visón emergen en torno a la concepción del fenómeno migratorio, una considera la inmigración como un problema, como una “invasión” no controlada sustentada en el aumento de trabajadores extranjeros y alimentada de imaginarios relacionados con la desnacionalización del ámbito de lo público, lo privado y el consumo de servicios y gastos públicos; Consecuencia de esta visión, segregacionismo, explotación laboral, brotes racistas, exclusión social y residencial, endurecimiento policial del control fronterizo e interno y adopción de nuevas y rígidas políticas que buscan controlar los flujos migratorios y dificultar el proceso de regularización del inmigrante. Por otro lado esta aquella visión que ve la inmigración como una oportunidad estructural a la falta de mano de obra española en algunos sectores, visón que valora el aporte de los inmigrantes en el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (PIB), el superávit en las cuentas de la Seguridad Social, el aporte de las remesas en los países de origen y el potencial de las articulaciones entre la cooperación internacional y la inmigración (Codesarrollo).

El material del que se nutren estas y otras visiones intermedias en sus múltiples matices, tienen mucho que ver con la forma como se da a conocer el fenómeno migratorio en los medios de comunicación, estos, al re-retrasmitir cierto tipos de discurso homogenizan la concepción que se tiene hacia el trabajador inmigrante favoreciendo su construcción social desde la exclusión, resumiendo, la visión del trabajador extranjero pese a los aspectos positivos que se destacan del fenómeno, como inmigrante no comunitario o comunitario de países empobrecidos (por que los países no comunitarios ya tienen impresa esa denominación), en situación de ilegalidad o legalidad, que viven o llegan (a través de visados, autorizaciones de trabajo, fronteras habilitadas/ no habilitadas o pateras) a un país que no es el suyo a hacer uso de los servicios sociales, el gasto publico y a generar todo un tipo de problemáticas sociales y delictivas.

Con una doble intención retomaremos algunos acontecimientos que a lo largo del año 2008 incidieron en materia de inmigración en los medios de comunicación, no solo para evidenciar desde que tipo de información se cimienta la concepción hacia el trabajador inmigrante, si no para dar cuenta de las medidas y normativas que configuran las problemáticas del trabajador extranjero que es lo que nos concierne.

El frenazo inmobiliario y la desaceleración de este sector aparecían a en el mes de febrero de 2008 como explicación frente al numero de trabajadores en paro que durante quinto mes consecutivo venia en aumento, alcanzando los 2.315.331 parados en este mes según datos del ministerio de trabajo .

En Baleares según los registros del SOIB de los 50.518 trabajadores en paro inscritos en esta oficina 18.013 tenían pocas o muy pocas posibilidades de encontrar trabajo . Se vislumbraba la crisis económica y con las constantes alusiones mediáticas referidas al desempleo que genero la crisis del sector quedo en el olvido el borrador del “Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar: Medidas de Convergencia hacia el Régimen General y posterior integración en el mismo” que presento el gobierno en noviembre del 2007 y posteriormente retiro de la Mesa de Dialogo Social a mediados de Enero de 2008; borrador donde se planteaba respuesta a problemáticas que afectan en todo el país a 269.150 personas afiliadas a este Régimen Especial, de las cuales el 94% son mujeres y el 60% inmigrantes . La falta de soluciones a estas problemáticas laborales da cuenta de la precariedad laboral de este sector de actividad y de la vulnerabilidad de los inscritos en este Régimen Especial.

Sobre estas problemáticas no se hizo alusión en la campaña presidencial que se difundió por los medios de comunicación el mes de mayo, lo que evidencio la existencia de propuestas marketing, carentes de estructura, frente a situaciones como las de este sector y del colectivo que más lo representa (las mujeres). Lo que si se pretendió en la campaña fue captar votantes con el tema de la inmigración, generando una amplia polémica social frente a propuestas como las del “contrato de integración” que fueron tildadas de discriminatorias y según el Foro para la integración social de los inmigrantes, de “poder suscitar actitudes xenófobas y de rechazo a un colectivo vulnerable al no poder este participar políticamente mediante el voto”. Comprometerse a cumplir las leyes, aprender la lengua, respetar las costumbres, pagar impuestos y a trabajar activamente, entre otras cuestiones, era el fundamento para favorecer la integración de los inmigrantes y el ejercicio de los mismos derechos y prestaciones que los nacionales.

Estas propuestas que ya se cumplen constitucionalmente junto al aumento del numero de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios públicos de empleo, que al finalizar el mes de abril se incrementaba en relación al mes anterior en 37.542 personas, divida la clase trabajadora haciendo ver la población inmigrante como una de las causas de la crisis económica y como factor desencadenante del paro entre los trabajadores autóctonos.

Pese a que Baleares fue la comunidad en la que más bajo el paro en el mes de abril, al descender un 8,74%, 3.951 personas respecto al mes anterior, la problematización social de la población inmigrante tuvo de donde cimentarse, argumentos como “la llegada de inmigrantes agrava el déficit de pediatras y médicos de familia en Baleares” dividen ya no solo a la clase trabajara si no que también reforzaba la división de la opinión publica al legitimar la relación inmigración gasto publico .

Frente a la opinión de los medios y la opinión publica, la voz del trabajador extranjero se dio a conocer gracias a las asociaciones de inmigrantes, ONG y Sindicatos. En Ibiza el 4 de abril se presento una queja ante el defensor del pueblo contra la actitud de la administración, los motivos de la queja: informar como única opción legal para la inscripción de hijos de padres extranjeros el registro de nacimiento de los mismos en el registro del Consulado correspondiente a la nacionalidad de los padres, lo que impide luego solicitar la nacionalidad española del menor con valor de simple presunción; exigir certificado de inscripción consular de los padres para tramitar la nacionalidad española de los hijos, con valor de simple presunción; negar el libro de familia por nacimiento de hijos en territorio español a padres que no son residentes “legales”; dar a entender que es obligatorio el conocimiento del catalán para la obtención de la nacionalidad española; dar a entender que los tramites de nacionalidad, libro de familia o inscripción de hijos menores puede dar lugar a la expulsión de los padres cuando estos no estén en situación “legal” en España; negar la posibilidad de matrimonio a personas en situación irregular, exigiendo como requisito tener residencia “legal”; trato despectivo hacia la población inmigrante; infraestructura inadecuada; falta de recursos materiales, humanos y desconocimiento de la ley de extranjería por parte de la comisaría nacional de extranjería que brinda información inadecuada y dificulta el proceso de regularización de los inmigrantes.

En contestación a esta realidad y otras similares, quizás la respuesta mas escuchada fue la que el 5 de junio los ministros del interior de 27 países de La Unión Europea hicieron al validar el texto de la llamada “Directiva Retorno” conocida como “Directiva de la Vergüenza” por la violación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y especialmente 13 de La Declaración de Derechos Humanos de 1948. La medida más polémica del texto propone privar de la libertad (Sin cometer delito alguno) un máximo de 18 meses a los inmigrantes que no posean una autorización de trabajo o residencia en centros de internamiento, sin contemplar aparentemente la tutela judicial y la asistencia jurídica.

Es clara la intención de imposición normativa y la falta de una negociación pactada a los ajustes de la situación de la población inmigrante; pero es aun mas notoria la relación que se hace de la inmigración irregular – delito/crimen. No es raro entonces que muchos empresarios hagan uso de la amenaza y el infundir miedo a los trabajadores inmigrantes en esta situación, con palabras como “te denunciare y haré que te envíen a tu país” para que no denuncien las anomalías contractuales.

“Norma-lizada” la regularización de las personas en situación irregular (detención-expulsión) a través de la directiva de la vergüenza, se dio vía libre a la canalización de los flujos de las personas en situación administrativa regular a través del REAL DECRETO – LEY 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a su país de origen y se comprometan en no intentar regresar en un periodo de tres años.

Este real decreto según Caritas no contempla la complejidad y profundidad del hecho migratorio, fomenta la confusión sobre la utilización del término frente al retorno “incentivado”, el “retorno asistido por razones humanitarias” y el “retorno forzado” entiéndase expulsión. Esta propuesta además circunscribe la situación migratoria al mercado laboral sedimentando cada vez más la concepción del trabajador extranjero como mano de obra; no vela por la optimización en el uso de los recursos por parte de las personas una vez retornadas y por ende difunde un falso desarrollo en el país de origen; no completa las situaciones reales que incentivan el retorno de las personas interesadas ya que muchas ya habrán hecho uso del cobro de la prestación en tiempo de crisis o abran hecho un proyecto de vida con sus familiares e hijos . Es una medida que trata de tranquilizar a la opinión publica y a los trabajadores nacionales frente a la agudización de la crisis que nada dice de las personas en situación irregular, cuya regularización también hace parte de la gestión de los flujos.


El declive del mercado laboral español continúo en el mes de Octubre, situando la cifra de desempleados 2.625.368 parados en España. Solo en Baleares el paro creció casi un 50% en tan solo un año afectando a 46.807 personas . Las propuestas del Ministro de Trabajo e Inmigración a la agudización de la crisis no dieron mucho que esperar, al anunciar que antes de finalizar el año el Gobierno presentara en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma a la Ley de Extranjería para “quitar algunas contradicciones en materia de reagrupación familiar e incorporar en ella una sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la ampliación de derechos fundamentales de los inmigrantes al igual que algunas directivas de la Unión Europea”. El haber residido cinco años de forma “legal” para optar a la reagrupación de ascendientes y la autorización inmediata de trabajo para los jóvenes reagrupados de 16 y 17 años de edad que solo obtienen permiso de residencia y no de trabajo, parecen ser la ampliación de los derechos que propone el Gobierno; un retroceso al derecho a vivir en familia al que se accede después de un año de residencia “legal” y una medida que involucra inmediatamente a la población joven a la precariedad laboral, los aleja de la escolaridad y lo sumerge a la dependencia administrativa a través de la cotización inmediata a la Seguridad Social.

Detrás de la política migratoria de “canalización de los flujos”, “modernización de la administración”, “Cooperación internacional” e “integración” del gobierno, se puede describir muchas de las realidades que afectan al trabajador extranjero, entre ellas, la óptica del control policial, con el papel y los recursos de Frontex (la agencia europea de control de fronteras); las medidas de expulsión y los centros entiéndase cárcel de internamiento; los retornos incentivados sin garantías de recuperar los permisos de residencia y trabajo; la denegaciones de la reagrupación familiar en el país de origen que evidencia la falta de coordinación entre los entes; las trabas administrativas para regularizar la situación administrativa regular y las políticas de prevención de la delincuencia extendidas al ámbito de las sanciones administrativas en el ámbito de la extranjería (denegaciones por faltas de transito, denegaciones por antecedentes policiales que no han recurrido a instancias judiciales).

Dado lo anterior, parece que estamos lejos de los ideales de una migración con garantías que no canalice si no que gestione los flujos desde los derechos y no desde las necesidades económicas, una inmigración que ofrezca medidas de integración y no de exclusión y que vele por el control a las “empresas” que se hacen ricas con el desconocimiento del proceso administrativo del trabajador extranjero bajo el lema de ayuda a los inmigrantes y compatriotas.

La política europea de inmigración pretende dar por superado el debate en torno a la gestión de los flujos a través de las retenciones, las expulsiones y los retornos incentivados con la aprobada directiva retorno, y perfila su camino hacia la selectividad de los nuevos trabajadores al definir el perfil del inmigrante que necesita la unión Europea. “La Tarjeta Azul” una medida discriminatoria para quienes emigran por necesidad generara una nueva estratificación del ciudadano a la compleja legitimidad entre los inmigrantes regulares e irregulares, al incorporar un nuevo tipo de trabajador, el trabajador VIP.

Podemos concluir manifestando que la integración del trabajador extranjero no culmina con la obtención de las autorizaciones de trabajo y residencia, si no al incluir el reconocimiento en igual de condiciones a los derechos de naturaleza participativa que inicien la incorporación del inmigrante en la comunidad política del territorio receptor.

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