50 propuestas para avanzar en la puesta en marcha y desarrollo de la Estrategia Europa 2020 (I). 1. La Comisión Europea ha presentado recientemente dos importantes Comunicaciones que pretenden marc

Publicado en por ZOOCIEDAD

Por: Eduardo Rojo

1. La Comisión Europea ha presentado recientemente dos importantes Comunicaciones que pretenden marcar las grandes líneas de por dónde debe ir la puesta en marcha y desarrollo de la Estrategia Europa 2020 en general y en el sector industrial en particular. Además, ha hecho públicos también dos informes sobre cómo se está avanzado hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión y los obstáculos que todavía existen, y se han de intentar eliminar, para conseguirlo. El propósito de esta nueva entrada del blog es centrar mi atención en aquellos aspectos de mayor interés de los citados documentos desde la perspectiva de la política social y de empleo, en el bien entendido que todas las propuestas presentadas en las dos Comunicaciones y en los dos Informes tienen también sin duda un impacto indudable sobre tales políticas. 

2. La primera Comunicación, sin duda alguna la más importante a mi parecer, nos retrotrae por su título a los ya lejanos finales de los años 50 del siglo XX, es decir a la puesta en marcha de la Comunidad Económica Europea en 1957, y también a mediados de los ochenta, en concreto a la aprobación del Acta Única Europea de 1986; en efecto, su título es “Hacia un Acta del mercado único europeo. Por una economía social de mercado altamente competitiva”, aunque con toda seguridad lo que más llamará la atención de los medios de comunicación y quedará en gran parte de los debates que el documento pretende abrir durante los próximos meses (se ha abierto un plazo de presentación de aportaciones hasta el 28 de enero de 2011) es el subtítulo de la Comunicación: “Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos” (y dicho sea incidentalmente, no está nada mal que por una vez la referencia al trabajo, en concreto al “trabajo mejor”, presida el título (o más exactamente subtítulo) de un texto de la Comisión). Buena parte de este documento encuentra su origen no sólo en la Estrategia Europa 2020 sino también en el Informe presentado por el ex comisario Mario Monti al Presidente de la Comisión Europea el 9 de mayo de este año con el título “Una nueva estrategia para el mercado único”, y se vuelve a constatar (ya se ha hecho en ocasiones anteriores) que el potencial que representa el mercado único no se ha aprovechado plenamente, y que completarlo, desarrollarlo y explotarlo a partir de las 50 propuestas “originaría un crecimiento potencial del orden del 4 % durante los diez próximos años”, de tal manera que su reactivación se presenta para la Comisión como “el instrumento indispensable de la Estrategia Europa 2020”, en la que se incluyen siete iniciativas a desarrollar en el próximo decenio y a las que me he referido en anteriores entradas del blog. Una vez finalice el plazo citado de presentación de aportaciones será el momento según la Comisión de “sellar un compromiso en torno a la versión definitiva del Acta” que se convierta en una manera dinámica (y yo añadiría que debería ser eficaz y social, para que tenga plenamente sentido) de conmemorar el vigésimo aniversario delmercado único puesto oficialmente en marcha a partir del 1 de enero de 1993, conmemoración que tendrá lugar realmente si tal como propone la Comisión las instituciones europeas se comprometen a principios de 2011 “a convertir esta Acta y sus 50 medidas en el plan de acción estratégico para el período 2011- 2012”. 

La segunda Comunicación trata sobre la necesidad de una política industrial integrada en la era de la globalización, que tenga en su punto de mira la competitividad y la sostenibilidad. Su importancia cuantitativa se pone de manifiesto, según la Comisión, con algunos datos significativos como los que a continuación se aportan: un 25 % de empleos en el sector privado se concentran en la industria manufacturera; un 25 % de empleos están relacionados con los servicios vinculados que dependen de la industria como proveedores o clientes; en fin, “el 80 % de toda la actividad de investigación y desarrollo del sector privado tiene lugar en la industria”. Recuérdese que una de las iniciativas relevantes de la Estrategia Europa 2020 engarza con la materia ahora objeto de comentario, ya que se plantea la necesidad de “una política industrial para la era de la mundialización, para mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial”. Cobran aquí especial importancia a mi parecer las propuestas de avanzar en la reestructuración de sectores empresariales en crisis hacia otros con futuro, con ayuda de los fondos económicos de la UE y señaladamente del Fondo europeo de adaptación a la globalización, así como también las de promoción de la responsabilidad social de las empresas como elemento clave para contar con la confianza a largo plazo de empleadores y consumidores.

3. Hemos de esperar a la propuesta número 29 del primer documentopara examinar el contenido más social del texto de la Comisión, si bien con carácter general encontramos una reflexiones previas cuando se enfatiza la importancia de la dimensión humana de la economía social de mercado (recuerda a la doctrina social de la Iglesia, ¿no les parece?), y de los interlocutores sociales para expresar los intereses de los diversos sectores de la economía y llegar a acuerdos en el ámbito territorial europeo. No está de más destacar la referencia del texto, que valoro de forma positiva por el desprecio o mínimo interés que estas cuestiones han merecido en muchas ocasiones en documentos sobre la crisis de algunas instituciones y entidades políticas y económicas, a la contribución de la eficacia de los mercados y a su consideración como factores de riqueza y crecimiento de “un buen sistema social, un sistema de educación y de formación profesional satisfactorio, un empleo de calidad y una política exigente en materia de salud y seguridad en el trabajo”. No menos relevante me parece el compromiso de la Comisión a que la Carta de Derechos Fundamentales (de idéntico valor jurídico que los Tratados, no se olvide) se tenga en consideración en todas las políticas de la Unión (habrá que esperar y desear que no se cumpla el refrán castellano “del dicho al hecho hay un trecho”), y muy especialmente la toma en consideración de la cláusula social horizontal del vigenteTFUE para evaluar las acciones emprendidas y sus consecuencias sociales (artículo 9: “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana”). 

La Comisión es mucho más tibia en sus propuestas que el Informe de Mario Monti por lo que respecta a la protección jurídica de los derechos colectivos, como se comprobará a continuación, refiriéndose de forma genérica a la necesidad de “una armonía entre las libertades económicas y las libertades de actuación colectivas. En la propuesta 29 se plantea, a partir de la nueva estrategia puesta en marcha para la aplicación efectiva de la Carta de Derechos Fundamentales y plasmada en una Comunicación de 19 de octubre, que la Comisión velará para que se atiendan los derechos garantizados en la misma, “incluido el derecho a realizar acciones colectivas”; igualmente, y sin mayor concreción jurídica, la Comisión se obliga al análisis, “de antemano y en profundidad” de las repercusiones sociales que puedan tener todas y cada una de las propuestas normativas que se presenten para avanzar en el mercado único. Por otra parte, en la propuesta número 30, se prevé la revisión el próximo año de la Directiva de 1996 sobre desplazamiento de trabajadores en el seno de la UE al objeto de mejorar su aplicación y su interpretación de los derechos del Estado de acogida que deben ser de obligado cumplimiento, dejando abierta la puerta a una posible reforma de la norma que salve los problemas jurídicos suscitados por la interpretación que ha efectuado el Tribunal de Justicia de las libertades fundamentales de la UE y su relación con los derechos colectivos de los trabajadores y sus organizaciones representativas en las sentencias Laval, Vicking, Rüffert y Gran Ducado de Luxemburgo, reforma parece que muy tibia, dado que la citada propuesta de modificación de la Directiva “podría incluir una aclaración del ejercicio de los derechos sociales fundamentales en el contexto de las libertades económicas del mercado único o completarse con dicha aclaración”. 

Compárense estas dos propuestas con las recogidas en el Informe Monti, cuyo contenido es el siguiente: “Aclarar la aplicación de la Directiva…. y reforzar los derechos de información y consulta de los trabajadores y empresas…. Si se adoptan medidas para aclarar la interpretación y aplicación de la Directiva…, introducir una disposición que garantice el derecho de huelga, siguiendo el modelo del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 2679/78 del Consejo, y un mecanismo de resolución informal de los litigios laborales referentes a la aplicación de la Directiva”. No es de extrañar, por consiguiente, la dura crítica formulada por la Confederación Europea de Sindicatos en la Cumbre Social Tripartita del pasado 28 de octubre al documento presentado por la Comisión, por la “edulcoración” del Informe Monti y pidiendo que se respete su contenido y sus propuestas si de verdad quiere avanzar en un mercado único de contenido social. 

4. Otras propuestas contenidas en el “paquete de las 50” guardan relación con las políticas de empleo y formación, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, el apoyo a las empresas de economía social y el correlativo refuerzo de la responsabilidad social corporativa, y la portabilidad de las pensiones de jubilación. Sobre este último punto, recuérdese además el reciente Libro Verde, en el que la Comisión traslada a las partes interesadas la pregunta de cuál es la mejor manera de conseguir edades de jubilación efectiva más avanzadas y cómo podría ayudar el aumento de las edades de jubilación, y también si deberían introducirse en los sistemas de pensiones mecanismos de ajuste automático en relación con los cambios demográficos, a fin de equilibrar el tiempo de trabajo y el tiempo de jubilación, y en caso afirmativo qué papel podría desempeñar a este respecto la UE.

5. En el terreno consultivo se formula la propuesta de contactar con los agentes sociales para establecer “un marco europeo para la anticipación de las reestructuraciones industriales”, a fin y efecto de prevenir conflictos sociales, llevar a cabo una gestión proactiva y negociada de aquellas, y abrir nuevas oportunidades de empleo, ya sea en su sector de actividad o en nuevos sectores, para los trabajadores afectados. Sobre este punto hay que recordar la importante Comunicación presentada ya hace un cierto tiempo, en concreto el 31 de marzo de 2005, con el título “Reestructuraciones y empleo. Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea”, y cuyas ideas más relevantes, y que siguen siendo válidas en gran medida, son a mi parecer las siguientes: 


-- Visión negativa a corto plazo: pérdida de empleos y modificación de condiciones de trabajo.


-- Necesarias para la supervivencia y desarrollo de las empresas. Deben ir acompañadas de medidas sociales. Atención a cada estructura productiva territorial.


--Adopción de medidas proactivas. Mejora del funcionamiento del mercado laboral; refuerzo de las políticas activas de empleo; anticipación a los cambios; adopción de mecanismos que faciliten las transiciones profesionales, con adaptación al territorio y a las personas.


-- Propuestas comunitarias de actuación. Adopción de medidas para que haya más personas en el mercado laboral; mejora de la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas; mayor inversión en capital humano. Utilización de los fondos estructurales comunitarios para lograr una mejor anticipación y gestión de las reestructuraciones. Posibilidad de intervención comunitaria en casos de crisis no previstas. Partidas presupuestarias específicas en los fondos estructurales. Mejora del diálogo social europeo y de la responsabilidad social empresarial. Puesta en marcha de un foro europeo de reestructuraciones. Adaptación y modernización de la normativa legal y convencional.


-- Como recapitulación hay que destacar que las políticas comunitarias deben guardar coherencia, deben tener perspectiva de futuro, han de implicar a todas las partes interesadas, y han de prestar atención específica a la dimensión territorial y más concretamente al ámbito local. 


En la Comunicación sobre la industria se plantea una cuestión de especial importancia, cual es cómo ayudar al sector industrial a realizar los ajustes necesarios tras la situación de crisis económica y garantizar la viabilidad futura de la mayor parte de empresas y la protección adecuada de los posibles trabajadores afectados, tanto en términos económicos como de acceso a procesos formativos que les permitan mantenerse o reincorporarse al mercado laboral. Para ello se trata de reforzar la normativa vigente como las directrices de salvamento y reestructuración para las ayudas estatales, fortalecer las políticas europeas de cohesión y utilizar mejor el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización para facilitar (y desde luego España se está beneficiando bastante de las ayudas) “el reciclaje y otras medidas activas del mercado de trabajo destinadas a los trabajadores despedidos”. En la misma línea, y creo obviamente que no podía ser de otra forma, que en la Comunicación que recoge las “50 propuestas”, se plantea la conveniencia de lograr acuerdos entre los agentes sociales europeos para gestionar socialmente los procesos de reestructuración, mediante la adopción de medidas preventivas que eviten situaciones de crisis frente a las que sólo se pueda ya actuar de forma reactiva.

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